Comunidades indígenas y afromexicanas de distintas regiones del estado de Oaxaca denunciaron públicamente a la Secretaría de Bienestar por graves irregularidades en la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
Con la reforma reciente al Artículo 2° constitucional, los pueblos indígenas adquirieron el derecho a recibir presupuesto directo desde la federación. Para ello, se destinó el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual debía asignarse con base en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, elaborado por el INPI.
Sin embargo, al quedar en manos de Bienestar la ejecución del fondo, se desechó dicho trabajo técnico y se utilizó información general del INEGI, generando una serie de inconsistencias: pueblos reconocidos fueron excluidos, mientras que parajes, rancherías despobladas y asentamientos sin autoridades recibieron asignaciones.
En la región Chatina, comunidades sin población recibieron recursos
El caso más grave se registra en la región Chatina, donde fincas cafetaleras extintas y parajes sin población aparecen como beneficiarios del FAISPIAM, mientras que cabeceras indígenas históricas como Santos Reyes Nopala y Santa Catarina Juquila fueron completamente excluidas del padrón, a pesar de contar con población indígena reconocida y estructuras comunitarias formales.
Autoridades locales advirtieron que estas decisiones carecen de justificación y contradicen los principios de autonomía y libre determinación, además de que, al no haber población ni asambleas en dichos parajes, los recursos podrían quedar sin ejercer o ser devueltos a la federación.
“Es inadmisible que comunidades organizadas, con necesidades urgentes y derechos reconocidos, queden fuera mientras se asignan fondos a lugares donde no vive nadie”, expresaron representantes Chatinos que ya han comenzado a coordinarse con otras regiones afectadas.
En la Cuenca del Papaloapan, comunidades registradas fueron ignoradas
En la región de la Cuenca, representantes de 44 comunidades indígenas y afromexicanas denunciaron un recorte injustificado de más de 5 millones de pesos, al pasar de una asignación inicial de 31.6 millones a solo 26.1 millones de pesos, afectando proyectos previamente acordados en asambleas.
Imelda Conde Hernández, agente de Rosario Ibarra y consejera del INPI, señaló que la segunda lista publicada por Bienestar incluyó colonias y asentamientos sin autoridad reconocida, como “Las Carolinas”, “Paso de Salas” y “El Azufre”, mientras se excluyó a comunidades debidamente registradas como San Bartolo.
Por su parte, Iván Alí Elías Domínguez, autoridad auxiliar de Palmilla, alertó que estas reasignaciones carecen de sustento y violan la instrucción presidencial de entregar los fondos directamente a los pueblos con base en el reconocimiento oficial. También cuestionó que Bienestar trate el FAISPIAM como un programa asistencial más, exigiendo comités comunitarios en lugar de reconocer la estructura colectiva ya existente.
Llamado a la Presidencia y exigencia de corrección
Las comunidades afectadas anunciaron que ya han presentado un escrito ante la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. De no recibir respuesta pronta, señalaron que definirán nuevas estrategias de defensa.
