Por Maria M. Garayoa
La Caja de Solidaridad recoge donaciones solidarias de miles de personas anónimas que dan apoyo a las víctimas de la represión con la que España persigue las acciones democráticas y no violentas que caracterizan el movimiento independentista catalán. La crearon las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en el momento que España encarceló sus presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ahora, cuando hay 3.300 represaliados, la gestiona una asociación independiente.
Desde el 2017 hasta ahora, la Caja de Solidaridad ha pagado 640.000 euros en multas y abogados de militantes de base y 14,4 millones de euros en fianzas impuestas por tribunales y órganos administrativos. Aparte de la desproporción de las fianzas y multas, veamos un ejemplo del abuso injustificado: la Caja de Solidaridad ha tenido que cubrir 4,1 millones de euros exigidos al gobierno catalán por el Tribunal Supremo por supuesta malversación en el referéndum de 2017 pero también 6 millones de euros exigidos por un juzgado de Barcelona a altos cargos por exactamente el mismo concepto!
Casi simultáneamente al anuncio del primer ministro Pedro Sánchez del indulto a nueve líderes independentistas condenados * a largas penas prisión, un órgano administrativo, el Tribunal de Cuentas, reclamaba una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex- altos cargos y trabajadores de la Generalitat relacionados con la promoción internacional de Cataluña desde 2011 hasta el 2017. Si el 21 de julio no han depositado las exorbitantes fianzas, los embargarán las propiedades, los sueldos y las pensiones. Como explica el abogado de Carles Puigdemont a https://www.lrp.cat/opinio/article/1998210-jutge-i-part.html: “Se trata de una actuación mala y abiertamente abusiva que sólo persigue generar un daño , esta vez patrimonial “. También 33 Premios Nobel de economía critican el Tribunal de Cuentas y apoyan a uno de los perseguidos, Andreu Mas-Colell, antiguo profesor de Harvard y ministro de economía del gobierno catalán de 2010 a 2016 (www.elnacional.cat/en/politics /nobel-prize-economists-mas-colell-spain-court-accounts_622763_102.html).
Ante esta ofensiva contra dirigentes y trabajadores catalanes, el gobierno catalán ha creado un fondo de 10 millones de euros para avalar estas y futuras fianzas. En previsión de que los juzgados españoles bloqueen este fondo (cosa probable porque, tanto el gobierno español como los partidos de la oposición, están estudiando llevar el fondo a los tribunales), la Caja de Solidaridad se ha vuelto a activar y, sólo tres días , ya ha recogido 300.000 euros de donaciones de los ciudadanos y continúa aumentando.
