El gobierno de la Ciudad de México desalojó la noche del 11 de marzo a decenas de personas migrantes que habitaban en un campamento en la Terminal del Norte, a pesar de que existía un amparo que prohibía estas acciones. Organizaciones civiles han denunciado que el operativo se realizó de manera coercitiva, con desinformación y actos intimidatorios por parte de las autoridades.
La Coordinación de Movilidad Humana (CMH) había convocado a colectivos y albergues a una reunión de emergencia para anunciar un “traslado” de los migrantes a albergues, argumentando razones de inseguridad. Sin embargo, el Grupo de Monitoreo Frontera Centro (GMFC) alertó que el desalojo violó derechos humanos y se desarrolló con amenazas, presencia policial encubierta y la destrucción de pertenencias de los migrantes.
🚨ALERTA
El personal de obras de la Ciudad de México continúa la destrucción del campamento de migrantes de la Terminal del norte casa por casa, robándose pertenencias y argumentando que ya se hizo una revisión aunque esto no es cierto. pic.twitter.com/vJk75DumgE— Grupo de Monitoreo Frontera Centro (@frontera_centro) March 12, 2025
El operativo comenzó alrededor de las 20:00 horas con la llegada de personal de la CMH, acompañado de policías vestidos de civil. Según el GMFC, se presionó a los migrantes para aceptar el traslado bajo advertencias de que serían desalojados por la fuerza o enfrentados con agentes migratorios y militares. Hacia la medianoche, el personal de obras comenzó a desmantelar las casas del campamento, llevándose pertenencias en camiones como si fueran basura.
Las organizaciones denunciaron la falta de protocolos humanitarios, la presencia intimidante de fuerzas de seguridad y la ausencia de instancias de protección. Alrededor de 30 personas aceptaron el traslado a los albergues ofrecidos por el gobierno, mientras que otras 30 permanecieron en el campamento y unas 40 se retiraron por su cuenta.
Este 12 de marzo han circulado amenazas de desalojo en otros campamentos de la ciudad, a pesar de la orden judicial vigente que impide estas acciones. Las organizaciones de derechos humanos exigen que el gobierno cumpla con sus obligaciones y brinde soluciones dignas y seguras para las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
