Oaxaca.- Han pasado ocho años desde la trágica masacre en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde la intervención violenta de las fuerzas federales y estatales resultó en la muerte de al menos ocho personas y dejó más de 150 heridos. Hoy, en el aniversario de esta tragedia, los responsables políticos, militares y policiales de estos actos siguen sin enfrentar la justicia.
El 19 de junio de 2016, bajo las órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto y altos funcionarios como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño Mayer, Renato Sales Heredia, Jorge Ruiz Martínez y Gabino Cué Monteagudo, se llevó a cabo una operación represiva con el objetivo de imponer la reforma educativa, someter al magisterio y sofocar la movilización social en la región Mixteca de Oaxaca. Esta acción buscaba además acelerar el avance de proyectos y megaproyectos en el estado.
Entre los comandantes de las tropas que ejecutaron la masacre se encontraban Enrique Galindo Ceballos, el General Salvador Camacho Aguirre, Manelich Castilla Craviotto y el General Froylan Carlos Cruz. Estos líderes dirigieron a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía Estatal en un ataque que resultó en disparos contra cientos de habitantes. A pesar de la gravedad de estos hechos, todos ellos permanecen impunes hasta el día de hoy.
La Policía Federal y el segundo y sexto agrupamiento de la Gendarmería Nacional, responsables directos de los asesinatos y heridas infligidas en Nochixtlán, fueron absorbidos en su mayoría por la Guardia Nacional, como parte del segundo transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019. Este proceso de incorporación a la Guardia Nacional representa la cuarta transformación de la Policía Federal Preventiva, creada a finales de 1999 por el gobierno de Ernesto Zedillo.
Sin embargo, muchos de los integrantes de la Policía Federal que fueron despedidos o desertaron no han sido juzgados ni investigados. Entre ellos, José Luis Lazo Sánchez, coordinador de la policía vial del estado de Oaxaca en la Mixteca, identificado como uno de los tiradores en Nochixtlán, continúa libre de consecuencias legales. Otro caso destacado es el de la patrulla 17174, involucrada en la represión de Nochixtlán y posteriormente denunciada por abuso sexual en La Paz, Baja California.
Enrique Peña Nieto y sus altos funcionarios siguen sin enfrentar la justicia por sus roles en la masacre de Nochixtlán. Manelich Castilla Craviotto, jefe de la División de Gendarmería Nacional durante la masacre, actualmente se presenta como asesor en seguridad y camina libremente por la Ciudad de México. Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal en ese entonces, ha estado en pláticas para ser operador político de Morena en San Luis Potosí. Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad durante los hechos, fue candidato a la presidencia municipal de Campeche por Morena en 2021 y actualmente ocupa el cargo de Fiscal General de Campeche.
En un audio inquietante del día de la masacre, se escucha claramente la frase “ya cayó el de rojo”, evidenciando la brutalidad con que se llevó a cabo la represión.
A ocho años de la masacre que impactó a pueblos mixtecos, el magisterio organizado y los pobladores de Telixtlahuaca, Huitzo y la ciudad de Oaxaca, la impunidad prevalece. Los políticos, funcionarios civiles, policiacos y militares que ordenaron y ejecutaron la masacre siguen sin ser castigados.
Hoy, el recuerdo de los caídos en Nochixtlán y el clamor por justicia resuenan más fuerte que nunca. La demanda es clara: Ni perdón, ni olvido.
